Por Agnieszka Bozanic Leal, presidenta Fundación GeroActivismo.
La crisis habitacional en San Antonio ha puesto en evidencia la fragilidad de nuestra estructura de protección social, particularmente para las personas mayores que habitan en condiciones de vulnerabilidad. Según datos recientes, el 4% de la población de la megatoma está conformada por personas mayores, seguramente muchas de ellas también integrando el 2% con algún grado de discapacidad.
El reciente acuerdo suscrito entre el Ejecutivo y los dueños de los terrenos es un avance, pero su implementación debe estar alineada con los compromisos que Chile ha asumido en materia de derechos humanos. La Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, ratificada en 2017, establece con claridad que los Estados deben garantizar el acceso a una vivienda adecuada y evitar desalojos forzosos sin alternativas dignas.
El problema de la vivienda para personas mayores no es exclusivo de Chile. Sin embargo, diversos países han adoptado enfoques innovadores que han permitido garantizar soluciones habitacionales dignas y sostenibles, con una perspectiva de envejecimiento y derechos humanos.
En España, el modelo de cohousing o vivienda colaborativa ha sido una respuesta efectiva a la crisis habitacional de las personas mayores. Este sistema permite que personas mayores formen comunidades autogestionadas con infraestructura adaptada a sus necesidades, fomentando la autonomía y la integración social. En Barcelona y Madrid, los gobiernos han apoyado estos proyectos con subsidios y normativas que facilitan el acceso a terrenos y financiamiento. Por otro lado, Canadá ha priorizado el enfoque de “Aging in Place”, promoviendo que las personas mayores puedan permanecer en sus comunidades con apoyo adecuado en lugar de ser trasladadas a residencias institucionales. Esto se ha logrado a través de subsidios para mejorar la accesibilidad de las viviendas, la promoción de barrios amigables con las personas mayores y la integración de servicios de salud a domicilio.
Si bien el acuerdo en San Antonio es un paso adelante, no basta con evitar el desalojo. Es fundamental que Chile adopte una política habitacional con un enfoque de derechos, inspirándose en experiencias internacionales que han demostrado ser exitosas.
El país debe avanzar en la construcción de viviendas accesibles con apoyo comunitario, diseñando proyectos que permitan a las personas mayores vivir de forma independiente sin quedar aisladas. Es necesario integrar servicios de salud y asistencia social, garantizando que las personas mayores tengan acceso a atención médica y apoyo psicosocial dentro de sus comunidades. También se requiere implementar subsidios diferenciados y fomentar la creación de viviendas intergeneracionales, para evitar que las personas mayores sean expulsadas de sus barrios debido al alza de costos de arriendo o la falta de oportunidades de integración social.
Además, cualquier solución debe incluir la participación de las personas mayores en la toma de decisiones, respetando su autonomía y asegurando que sean protagonistas en la construcción de su propio futuro.
El viejismo estructural ha perpetuado la idea de que las personas mayores deben aceptar lo que el sistema les imponga, sin posibilidad de decidir sobre su propia vivienda y comunidad. Pero experiencias internacionales nos demuestran que otro camino es posible. El caso de San Antonio debe marcar un punto de inflexión en la manera en que Chile garantiza el derecho a la vivienda de su población mayor. No podemos seguir improvisando ante cada crisis. Es hora de asumir el envejecimiento como una realidad estructural y diseñar políticas habitacionales con una visión de futuro, donde envejecer no signifique perder el derecho a una vivienda digna.
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