Con el voto a favor del diputado Jorge Saffirio, se aprobó el proyecto que aumenta los plazos de la ley N°20.898, más conocida como la ley del mono, legislación que tiene como fin facilitar el proceso de regularización de viviendas autoconstruidas, asegurando que “es fundamental dar una prórroga para hacerse cargo de esta realidad que se vive en nuestro país”.
El diputado, que es miembro de la Comisión de Vivienda de la Cámara, señaló que “según un estudio publicado hace algunos días y que circula por diferentes medios de comunicación, el acceso a la vivienda es muy limitado y costoso para las familias, pudiendo llegar a significar un esfuerzo casi inalcanzable para ellas”.
“En ese contexto, muchas familias deben ampliar sus viviendas para dar cabida a los demás integrantes de su familia, viviendo como allegados en una casa común familiar. Por estos motivos, la autoconstrucción es algo muy común, sobre todo en los sectores menos acomodados de nuestro país. Esto se hace sin contar con los permisos necesarios para emprender estas obras”, afirmó Saffirio.
El legislador indicó que “esta es una realidad en nuestro país y las consecuencias para las familias son muchas en caso de iniciarse acciones contra ellas por la no concurrencia de permisos. En ese sentido, a quienes realicen estas obras se les puede sancionar con multas altísimas, paralización de las mismas o, incluso, la demolición”.
Saffirio afirmó que “este proyecto viene a prorrogar los plazos de ley N°20.898, que establece un procedimiento simplificado para regularización de viviendas de autoconstrucción, para permitir que las personas que se acojan a estos procedimientos puedan hacerlo hasta el año 2027. Con esto, damos un respiro a esas familias, a la vez que permitimos que ellas puedan dejar en regla las modificaciones parciales que hayan practicado a sus hogares y que, hasta la fecha, no cuenten con recepción final por no haber contado con las autorizaciones suficientes para edificar”.
Finalmente, el diputado Jorge Saffirio indicó que “esta iniciativa no solo permite que estas viviendas se regularicen, sino que accesorio a ello, permiten que las familias que busquen realizar convenios bancarios o solicitar créditos a instituciones financieras, pueda -si lo desean- utilizar su inmueble en garantía de dichos créditos”.
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