Dr. Jorge Astudillo Muñoz, académico de la Escuela de Derecho, UNAB Sede Viña del Mar.
El año 2024 quedará marcado en la memoria colectiva como un período de profundas contradicciones entre los discursos y las acciones de la clase política gobernante. Un año que prometía grandes avances sociales, pero que terminó evidenciando una alarmante falta de coherencia entre las promesas y los hechos.
Desde la campaña presidencial, el Gobierno actual enarboló un discurso enfocado en la educación de calidad, asegurando que ningún niño o joven quedaría excluido de un buen sistema educativo. Sin embargo, la realidad fue otra. Varias semanas después del inicio del año escolar, miles de niños seguían sin matrícula. Al final del año, otros tantos terminaron sin recibir los útiles escolares destinados para ellos. A esto se sumaron episodios alarmantes de violencia en establecimientos educacionales, culminando en la tragedia ocurrida en el INBA en octubre, un hecho que debería haber sacudido las conciencias, pero que pasó sin una respuesta contundente.
El panorama no mejora al analizar otros aspectos del desempeño gubernamental. Este mismo Gobierno llegó al poder prometiendo acabar con los “pitutos” y el amiguismo en la administración pública. Sin embargo, pronto vimos cómo amigos, familiares y correligionarios ocupaban cargos relevantes, desde embajadas hasta asesorías en ministerios y reparticiones públicas. La promesa de meritocracia fue reemplazada por un continuismo de prácticas que tanto criticaron en el pasado.
Otro ejemplo de esta desconexión entre discurso y acción fue la promulgación de la Ley de 40 horas laborales, una medida celebrada como un avance histórico en los derechos de los trabajadores. Pero esta narrativa se vio empañada cuando un trabajador falleció en La Moneda tras haber sido sometido a jornadas extenuantes y condiciones laborales casi inhumanas. Este trágico suceso pone en cuestión la verdadera prioridad que este Gobierno otorga al bienestar de sus propios trabajadores.
Más preocupante aún es el comportamiento frente a las causas feministas, bandera central del actual oficialismo. La gestión de una denuncia de abuso sexual y violación contra un funcionario de alto rango demostró cómo estos principios son sacrificados cuando se enfrentan a cálculos políticos. En lugar de aplicar un estándar ejemplar, se permitió que el acusado continuara en su puesto, incluso participando en la discusión del presupuesto de seguridad, mientras se le daba tiempo para “arreglar sus asuntos personales”. Este manejo no solo es incomprensible, sino profundamente decepcionante, y refuerza la percepción de que los valores proclamados son solo herramientas de marketing político.
En resumen, 2024 ha sido un año que desnudó la inconsecuencia de una clase política que se atribuye superioridad moral, pero que en la práctica repite los vicios y conductas que tanto daño han causado a nuestra convivencia democrática. Las promesas de cambio se diluyen frente a una realidad que se niega a transformarse, y los ciudadanos seguimos siendo testigos de un juego político donde la ética y la coherencia parecen tener un lugar secundario.
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