Dr. Felipe Oelckers Aljaro, director de Ingeniería Comercial UNAB, Sede Viña del Mar.
La corrupción política ha sido un fenómeno que ha marcado la historia de muchos países, incluyendo a Chile. Desde casos emblemáticos como el de la “Operación Penta” hasta las más recientes “Caso Convenios/Fundaciones”; “Caso Audios/ Abogado Hermosilla y otros”; el “Caso Licencias para Conducir”, que vinculaba a los jugadores de Colo-Colo de la municipalidad de Nancagua; además de “Coimas a algunos funcionarios de aduanas” para internar al país todo tipo de productos a los que se les ofrecía dinero en efectivo o incluso almuerzos pagados en restaurants o locales de comida fuera del horario laboral, a cambio de que permitieran burlar las fiscalizaciones. Sin considerar también a los funcionarios públicos que entran a este gobierno sin tener las capacidades como es el último “caso correspondiente al señor Vela” para integrar el equipo en la OECD. De hecho, el primer acto de corrupción que comete un funcionario público es aceptar un cargo cuando no tiene ni la experiencia, ni las competencias. Es por ello, que la corrupción ha dejado una huella profunda en la percepción pública y, lo que es más preocupante, en el tejido económico del país.
Uno de los sectores más afectados por este flagelo, aunque no se crea, es el del emprendimiento. La corrupción genera un ambiente de desconfianza que se traduce en un incremento de la incertidumbre económica. Los emprendedores, que suelen ser los motores de la innovación y el crecimiento en cualquier economía, se ven desalentados ante un panorama donde las reglas del juego no son claras y donde el favoritismo, la falta de transparencia, la “pitotucracia” y el tráfico de influencias pueden decidir el éxito o el fracaso de un proyecto. En otras palabras, si no tienes los contactos en los puestos claves o bien los recursos para pagar coimas a algunos de los funcionarios o bien contratar a los famosos lobistas para saltarte los pasos y así avanzar, tu proyecto no verá la luz.
Cuando los recursos y los cargos públicos de alta relevancia para el buen funcionamiento de una democracia y un correcto funcionamiento de la economía son mal administrados o desviados hacia intereses privados las inversiones suelen no implementarse. Además, hemos visto que el tráfico de influencias en instituciones claves, como son en algunos cargos de alta dirección dentro del poder legislativo, ejecutivo y principalmente el judicial, hace que la economía en todas las áreas como infraestructura, educación y servicios básicos se vea menguado.
Asimismo, la corrupción crea una cultura de desconfianza que permea a todos los niveles de la sociedad. Los consumidores se vuelven escépticos respecto a las empresas y sus prácticas, lo que puede llevar a una disminución en la demanda de productos y servicios. Los emprendedores, en este contexto, se ven obligados a invertir tiempo y recursos en construir una reputación de honestidad y transparencia, a menudo a expensas de su capacidad para innovar y expandirse.