En 2024, Chile atraviesa una profunda crisis de seguridad que ha afectado gravemente no solo a la economía, sino también al bienestar social y la salud mental de sus ciudadanos. Desde las protestas sociales de 2019, la inseguridad ha aumentado, manifestándose en disturbios, violencia rural en el sur del país, narcotráfico en áreas urbanas y un incremento en delitos violentos. Esta situación ha deteriorado la imagen del país como un destino turístico seguro, afectando negativamente a una industria que genera más de 3% del PIB y proporciona miles de empleos en todo el territorio. Zonas como Santiago, Valparaíso y las regiones del sur, que tradicionalmente atraen a turistas internacionales, han visto reducida su afluencia debido a las advertencias de viaje emitidas por varios países que citan la creciente criminalidad como una razón clave para evitar ciertas áreas de Chile.
Durante las Fiestas Patrias de 2024, una de las celebraciones más importantes de Chile, la crisis de seguridad se hizo evidente. A pesar de los refuerzos en seguridad implementados por el gobierno, con un aumento de la presencia policial y medidas preventivas, se registraron múltiples delitos en el país.
Según Sernatur la caída en la llegada de turistas internacionales ha sido significativa, con una reducción del 20% en los últimos dos años. Esto se traduce en una pérdida económica estimada en más de 600 millones de dólares para 2024, afectando gravemente a pequeñas y medianas empresas que dependen del turismo. Este impacto económico se refleja en múltiples sectores, desde el transporte hasta la gastronomía y la hotelería. Las cancelaciones de viajes y la menor ocupación hotelera son solo la punta del iceberg de una crisis que también ha afectado a la confianza de los inversionistas extranjeros en la industria turística chilena.
El gobierno chileno ha implementado medidas de seguridad como el Plan Calles sin Violencia, que incluye el despliegue de Carabineros en zonas críticas y mayor vigilancia en áreas turísticas. Sin embargo, estas medidas han sido insuficientes para contener la creciente ola de criminalidad que afecta tanto a locales como a visitantes. Se estima que la inversión en seguridad ha superado los 120 millones de dólares en los últimos años, pero aún queda mucho por hacer para restaurar la percepción de seguridad y confianza en el país.
Programas de salud mental, mayor acceso a servicios psicológicos y campañas de concientización sobre el impacto emocional de vivir en una sociedad insegura son cruciales para mitigar los efectos a largo plazo de esta crisis. Además, es fundamental que el gobierno implemente una estrategia de seguridad más integral que aborde las causas estructurales de la violencia, como la desigualdad social, la falta de oportunidades y el debilitamiento de las instituciones públicas.
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