Para entender este fenómeno es necesario tener en cuenta cómo se enfrentaban en Chile las emergencias. Desde 1974 el organismo encargado de dar respuesta a las emergencias y desastres fue la Oficina Nacional de Emergencia del Ministerio del Interior y Seguridad Pública (ONEMI). Tradicionalmente, la ONEMI operaba con un enfoque reactivo, centrado en la respuesta a emergencias una vez que ya habían ocurrido.
Esto cambió en 2021, cuando se promulgó la Ley 21.364, que creó el Sistema Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (SINAPRED). El paso de la ONEMI al SINAPRED representa una evolución significativa de un enfoque reactivo a una gestión integral del riesgo, que incluye la prevención y la preparación como pilares fundamentales. Este cambio implica un esfuerzo constante por identificar y mitigar riesgos antes de que se conviertan en desastres.
Este sistema para ser eficaz requiere una coordinación entre múltiples actores, incluyendo distintos niveles de gobierno (nacional, regional y local), sectores privados y comunidades. En muchas ocasiones, la falta de una estructura clara de gobernanza y la poca coordinación interinstitucional resultan en esfuerzos dispersos y duplicación de tareas, lo que disminuye la efectividad de las acciones de prevención, mitigación, preparación y respuesta.
Sin embargo, este organismo es relativamente nuevo y hay factores que hacen que, a pesar de la experiencia previa de desastres recurrentes, la falta de acciones eficientes de prevención, mitigación, preparación y respuesta puede atribuirse a varios factores.
En primer lugar, es necesario recordar que los ecosistemas costeros -como los afectados por las inundaciones en las lluvias y los incendios en la V región- son sistemas extremamente frágiles compuestos por dunas y humedales, que no resisten la presión de la urbanización, la densificación de construcciones o las diversas actividades económicas de alto impacto.
En segundo lugar, como han evidenciado los científicos del Observatorio de la Costa, es necesario un nuevo ordenamiento territorial específico para la costa chilena, ya que la política nacional de regulación costera vigente, que data de 1885, es obsoleta y no aborda adecuadamente estos problemas.
En tercer lugar, los planos reguladores no están adecuadamente integrados con los mapas de riesgos. Por ejemplo, el SERNAGEOMIN elabora mapas de amenazas e informes de riesgo que deberían ser utilizados en los planos reguladores comunales. Sin embargo, la falta de integración de estos mapas en los planes de desarrollo y ordenamiento territorial lleva a que las comunidades y las infraestructuras sigan estando en zonas de alto riesgo, sin una planificación adecuada que mitigue estos peligros.
Dado lo anterior para que las acciones de prevención, mitigación, preparación y respuesta ante desastres tengan mayor efectividad, se necesitan implementar varios cambios estratégicos y estructurales.
Uno de ellos es modernizar el Ordenamiento Territorial, es fundamental actualizar la política nacional de regulación costera, limitando la urbanización descontrolada y las actividades económicas de alto impacto; así como integrar Mapas de Riesgo en la Planificación Territorial.
Otro punto fundamental es fortalecer el SINAPRED, estableciendo una estructura clara de gobernanza que facilite la coordinación efectiva entre los distintos niveles, así como proveer capacitación continua y recursos adecuados a las autoridades locales y regionales
Finalmente, pero no menos importante, es esencial promover la participación comunitaria, involucrando a las comunidades en la gestión del riesgo mediante programas de educación y sensibilización sobre la importancia de la prevención y la preparación ante desastres.
Chiara Palazzi, académica de Arquitectura e Investigadora del Centro CIUDHAD de la U. Andrés Bello
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