La reciente entrada en vigencia de la de la Ley Núm. 21.595, también denominada como Ley de Delitos Económicos, ha traído diversos desafíos e interrogantes, algunos dogmáticos entorno a la naturaleza y alcance de los delitos y penas establecidos en esta novedosa normativa, y otros en cambio, más empíricos o prácticos, ligados a la manera en que esta puede ser implementada en la práctica, tanto por las personas jurídicas en general, como en particular para los directivos, altos ejecutivos y oficiales de cumplimiento, quienes nadan al acecho de las mejores prácticas y más eficientes soluciones a objeto de poder cumplir oportuna y cabalmente la serie de exigencias establecidas en la ley, en materia de determinación de responsabilidades, asignación de roles y/o aplicación de uno u otro delito al giro particular de cada sujeto obligado, entre otros.
Con todo, existe un desafío que parece evidente y primordial tal como lo es la correcta determinación primero, y gestión después, dentro de las respectivas organizaciones, de cientos de hipótesis delictivas que puedan llegar a afectar a la persona jurídica.
En este último punto es que la cuestión se puede volver especialmente compleja ya que una cosa es administrar o gestionar un universo de dos e incluso tres decenas de delitos, y otra muy diferente es buscar soluciones para uno ampliado de más de doscientos delitos bajo un contexto de riesgo agravado, esto es, de situaciones que bajo la actual normativa ahora sí podrán ser considerados como hechos delictivos.
De ahí, entonces, la importancia de poder dotar a las empresas de herramientas útiles que le permitan cumplir de manera fácil y eficiente con dicho cometido, tal como lo es la unión sinérgica de la tecnología y el derecho (tech&law).
Efectivamente la aplicación de tecnología al ejercicio de la profesión (legal tech), abre espacios y brinda alternativas de solución que no solamente permiten agregar valor a las organizaciones, sino que en los hechos, les puede permitir contar con una gestión legal (legal management) ad-hoc para los tiempos que corren, dejando de lado, las naturales limitaciones envueltas en el uso de herramientas, más básicas y evidentes, como lo pueden ser Excel e incluso Word si pensamos que todavía existe un número considerable de colegas “reacios a la tecnología”, en plena época de desarrollo de la transformación digital.
Así quienes se restan, terminan perdiendo una serie de oportunidades y ventajas prácticas que conlleva la utilización de tecnologías en la gestión de riesgos legales, y las cuales pueden ir desde la posibilidad de contar con trazabilidad y certeza para las diferentes operaciones, la existencia de métricas y/o workflow para los diferentes procesos, hasta las oportunidades y luces que pueden otorgar un adecuado uso de herramientas de inteligencia artificial generativa, a partir del análisis de data valiosa obtenida a partir de actos de gestión con efectos y sanciones jurídicas.
En el caso concreto del compliance o cumplimiento normativo, y de manera general bajo la denominada gestión de riesgos legales, la utilización de la nube o cloud, es también una apuesta que sin duda agrega valor, no solamente ya que permite generar un trabajo colaborativo más eficaz y transparente, sino que además porque facilita la labor de fiscalización que les corresponda efectuar a las diferentes autoridades, según cuál sea el tipo de riesgos legal que se encuentre asociados, esto es, delitos económicos, UAF, medio ambiental, regulatorio, etcétera.
De ahí que esta unión entre tecnología y derecho (tech&law), se transforma en un buen ejemplo para desmitificar el pánico colectivo- que a un grupo importante de abogados- les genera el uso de inteligencia artificial generativa, desde el momento que se transforma en una herramienta que apoya pero que no sustituye el criterio experto del respectivo abogado, el cual vendría siendo como su propia sana crítica, esto es una mezcla entre su experiencia y sus conocimientos como abogados, al momento de poder determinar el mejor curso de acción para el control, mitigación y en el mejor de los casos eliminación de los respectivos riesgos.
En definitiva, la experiencia pareciera que nos está demostrando que el hacer y ejercer la profesión de una manera distinta- tal como lo es la aplicación de legal design o el legal project management-más que problemas lo que trae, en la práctica- son respuestas eficaces a problemas cotidianos que difícilmente se podrían llegar a obtener, en base a criterios y fórmulas tradicionales o artesanales como quiera llamársele, en base al criterio o en su caso descriterio de un ser humano.
Adolfo Silva Walbaum
Profesor Derecho PUCV & Co founder de Contraloría Privada.
Alex Siles Loaiza
Founder & CEO Snap Compliance.
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