En Chile cerca de 4.500 niños y niñas viven en residencias de protección, producto de una orden de un tribunal que les separa transitoriamente de sus familias, debido a que su núcleo familiar por diversos problemas sociales, estructurales y culturales, no logran entregar un entorno seguro y protector a sus hijos/as.
Estos niños y niñas reciben la atención especializada y el cuidado hasta cumplir la mayoría de edad, pero ¿Qué pasa con ellos cuando cumplen los 18 años? ¿Existen programas específicos para el tránsito hacia la adultez? En nuestro país la oferta de programas de acompañamiento y apoyo hacia la autonomía es incipiente y restringida. Recién con la creación del Servicio de Protección Especializado a la Niñez y Adolescencia, Mejor Niñez (ex SENAME), se establece que es responsabilidad del Servicio asegurar la disponibilidad de programas diversificados y de calidad para satisfacer las diferentes necesidades de niños, niñas y adolescentes, siendo identificada la preparación para la vida independiente como una de ellas.
El Estado y la sociedad civil tienen el deber de apoyar a las personas jóvenes en su tránsito a la vida adulta. Pero el Estado, como garante principal, debe fortalecer sus capacidades en la articulación interinstitucional para que los distintos órganos estatales -educación, salud, trabajo, vivienda, cultura, y otros relacionados- trabajen mancomunadamente para que la restitución de derechos sea efectiva. Estos jóvenes deberían ser los primeros en ingresar a la educación superior, en acceder a subsidios habitacionales y debe activarse toda la protección social para que ser joven egresado de residencias no se convierta en un salto al vacío, sino un proceso acompañado y seguro.
Paulina Fernández, Directora de abogacía de Aldeas Infantiles SOS Chile.